despuesdegoogle

Se llama Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación y ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 27 de mayo.

En fin, que ya hay respuesta.
Según HazteOir.org: “Con esta norma, que bien podemos llamar Ley Gran Hermano, se reinstaura en España el delito de opinión y el ideológico, cercenando la libertad de expresión y laminando la protección de los derechos de los ciudadanos”
Según Contando estrellas, la ley reinstaura del delito de opinión y elimina la presunción de inocencia.

La Ley de Igualdad de Trato (o ley mordaza según sus detractores) impulsada por Leire Pajín está generando un rechazo que recuerda el generado por la ley Sinde. Aunque con importantes diferencias: en este caso, es la derecha quien (al menos hasta ahora) monopoliza y gestiona el disgusto contra una ley que en la práctica puede suponer el fin de la financiación pública de aquellas escuelas concertadas solo para niños o solo para niñas.
Pajín fue clara: “lo que propone la ley es no subvencionar mediante conciertos a aquellos colegios que puedan discriminar por las razones que en ella se contemplan, tales como nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad y cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Quizás por ello la campaña de protesta se enfoca genéricamente como un atentado contra los derechos elementales, a fin de conseguir mayor apoyo y viralidad. Sin olvidar Internet, donde se presenta la ley como un peligro contra los blogs. ¿Perdón?

En su haber, los cines Renoir o Filmin, y su reivindicación del cine independiente y la versión original subtitulada. Pero todo esto fue ayer, y en el siglo XXI e Internet el tiempo corre muy rápido. Seguramente, más de lo que puede aguantar el flamante presidente de la Academia de Cine.
Sus declaraciones se encierran en el discurso vago de la desregulación que supone Internet, un nido “de parásitos”. Mal empezamos. “Internet es el futuro, no es el presente por mucho que se diga”. Enrique González Macho repite los argumentos de ayer: hay que potenciar la industria, viva las subvenciones, las televisiones privadas tienen que pagar, los espectadores tienen que ir a las salas de cine a ver pelis españolas que no sean Torrente 4.
En realidad ni vamos a las salas ni nos descargamos pelis españolas, que es un síntoma más contundente de por dónde asoma la crisis del cine español.

Y a todas aquellas leyes que los distintos países industrializados (ejemplos destacados: EEUU, Francia, Gran Bretaña) han activado para perseguir la compartición de archivos con copyright.
Google ha empezado a filtrar los resultados de su buscador, de forma que ya no aparecen términos como BitTorrent o Megaupload en las sugerencias de la búsqueda instantánea. Si escribo bit, Google me propone esto:

Como ves, ni asomo del término BitTorrent. Pero si escribo bitt (o bitto…) Google calla. Deja de sugerirme nada.

Fuente: TorrentFreak | Vía Error500

Lo he escrito en otras ocasiones, cuando el PP se llenaba la boca de declaraciones contra el canon: pura estrategia electoralista. Y espera si gana, a ver cómo endurecerá sus posiciones.
Sucede que Rajoy y su cúpula han cambiado de registro: desde hace unos días habla en clave de hombre de Estado, seguramente porque los asesores de la campaña a punto de inaugurarse así lo han decidido. Adiós al tono agrio y bronco que corresponde al líder de la oposición, bienvenido el tono mesurado del presidente in pectore. La diferencia de puntos con el PSOE es tal que es más rentable mostrarse reponsable y hasta solidario con el gobierno.
Este es el cambio del paso por el Congreso de hace unas semanas al paso actual por el Senado. Donde hubo rechazo ahora hay entendimiento, en nombre del bien del país y de la economía. Con el apoyo de CiU, que entonces no aceptó el trueque que le ofrecía Zapatero: su voto a cambio de unas transferencias. También CiU se apunta al discurso responsable de sacar España adelante, en este caso la pobre industria discográfica y el cine español que no levanta cabeza. A por las descargas.
En definitiva: se mantiene el comité encargado de vigilar y denunciar pero necesitará autorización judicial para cerrar y/o multar a los infractores. Al mismo tiempo, se reformará el canon para adecuarlo a la normativa europea. Que no se diga que no cumplimos con Bruselas.

La reacción de Álex de la Iglesia es febril: lleva todo el día despotricando en su cuenta Twitter contra el acuerdo. Normal: durante los últimos días asumió el rol de hombre bueno entre las partes, algo que los aparatos de los partidos se pasan por el forro cuando conviene. Despechado, como decepcionados y hasta manipulados se sienten otros actores de las conversaciones “a título personal” que ellos mismos han contado después (Enrique Dans, David Bravo y Julio Alonso), un culebrón que Trending Topics ha resumido con acierto

La noticia del abrazo de Vergara, en El Mundo

Uno entiende y respeta la movilización de la industria discográfica, editorial y cinematográfica luchando por su supervivencia. Al fin y al cabo, es lo que han hecho todos los sectores cuando la evolución de los mercados los ha condenado a la desaparición o a una radical transformación. Todavía me acuerdo cuando la reconversión minera y naval del gobierno González en los años ochenta: decenas de miles de puestos de trabajo destruidos de un plumazo.
Pero no entiendo ni respeto la vergonzosa campaña mediática organizada alrededor de la reivindicación actual, que además va calando en los medios y empapa el discurso de prácticamente todos los líderes de opinión pública (periodistas, opinadores, tertulianos, artistas, políticos…) de distinto signo.

Para no extenderme en tan cansina polémica, me quedo con unas pocas manipulaciones filtradas una y otra vez en el repertorio de lugares comunes:
1. Antidescargas. Así se denomina la ley Sinde: ley antidescargas. Una forma abreviada pero no inocente de criminalizar las descargas en general. Por extensión, el término descarga queda connotado negativamente. Siguiendo el famoso principio de los estados no garantistas según el que cualquier ciudadano es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ahora cualquier tipo de descarga es una actividad sospechosa.
2. Derechos de autor. Las distribuidoras insisten machaconamente en su defensa, protegiendo a los autores del ataque predatorio de los piratas, cuando en realidad se refieren a los derechos de distribución o a los derechos de explotación que gerencian estas distribuidoras junto a sociedades de gestión y productoras. Los derechos de autor no son los derechos de los intermediarios.
3. Copiar, robar. He escuchado en numerosas ocasiones la narración de esta escena: nadie defendería que un usuario entrase en una librería y robase varios libros sin que nadie le recriminase tal acción. La equivalencia didáctica es clara: ¿cómo se consiente que se roben discos y películas? La falsedad de la comparación está en que los lectores desde siempre ya han practicado el intercambio legal de archivos cada vez que se prestan individualmente un libro. Ahora Internet nos permite dejarnos masivamente no sólo libros sino canciones y vídeos. Y la tecnología digital nos permite hacer una copia de cualquier archivo digital. Copiar y dejar una copia es legal. El mismísimo Javier Bardem ha escrito una más que desafortunada fábula al respecto (El botón mágico), abundantemente contestada en la red: como muestra, una réplica antológica en Menéame.
4. El negocio criminal de las webs. Escuché nada menos que a Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de cine, que “de lo que estamos hablando es de webs que ganan millones de euros con los banners que colocan en sus páginas de enlaces a películas”. ¿Millones de euros? En fin… Dejando de lado la mixtificación, ¿quiere decirse que la industria del cine acepta las webs y programas que comparten películas sin ánimo de lucro? Porque estaría de acuerdo con el 99% de los internautas, que aprueban el cierre de webs que se lucran con enlaces a películas con derechos de autor, a base de publicidad incrustada.
5. Internet arruina a los autores. Argumento victimista de todos los intermediarios con el que buscan provocar la compasión de los usuarios, cuando quienes están realmente amenazados son estos mismos intermediarios. Internet es una nueva plataforma de distribución, mucho más poderosa y democrática que los actuales circuitos, otra cosa bien distinta es que los protagonistas se resistan a reciclarse y aprovecharla en su dimensión global. Sólo un ejemplo, el caso del creador (director, actor, guionista, bailarín y cantante) Nacho Vigalondo, contado por él mismo

No tiene valor jurídico pero el memorandum (Scribd, en inglés) presentado por la eurodiputada conservadora francesa Marielle Gallo (en la imagen) y publicado por el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo es contundente: hay que proteger los derechos de autor frente a las descargas P2P con legislaciones nacionales al estilo de la ley Sinde, propuesta como ejemplo.

Sigue pues el baile de la confusión en Europa, un espacio político de lo más errático (tres meses para acordar la ayuda urgentísima a Grecia que finalmente se decidió) que aborda la problemática derivada de los derechos ciudadanos en una sociedad tecnológica basada en Internet.

Último ejemplo de este desbarajuste: el grupo popular europeo votó a favor del informe y el socialista en contra, justo al contrario que en España, donde el PP se opone a la ley Sinde que promueve el PSOE. De locos.

Vía Periodistas21

He ahí un titular de estos que van directos a portada de Menéame y se extienden en los blogs como el aceite: ¡¡¡todo un ministro defendiendo las bondades de la piratería!!!
Un directo en la mandíbula de la SGAE y la Sinde, propinado por una autoridad en la materia del mismo o superior rango, en declaraciones (para mayor inri) realizadas en las mismísimas oficinas de Telefónica en Madrid durante el Foro de la Gobernanza de Internet, impulsado por el Consejo de Europa.

Pero leyendo el resto de las declaraciones (del ministro en cuestión pero también de otros participantes) uno descubre que, lo mismo que pasa en política económica, la Unión Europea es una jaula de grillos en todo lo referente a Internet. Voces discordantes que además se aferran a tópicos y lugares comunes cuando no repiten simples vaguedades. ¿Qué significa “escuchar a todas las partes” o apostar por un “equilibrio adecuado”?
Palos de ciego y contemporización, sin estrategia definida y unificada. Y una calculada ambigüedad, como aquel reciente gesto de la Comisión Europea haciendo público el borrador del ACTA aparentando marcar distancias frente a su contenido.
Así no es de extrañar que de vez en cuando algún protagonista se descuelgue con manifestaciones como la del titular.

La noticia completa, en El País

Tres días participativos de actividades culturales para la era digital: esto será (D’) Evolution Summit, Los Beneficios de la Cultura, que se desarrollará mientras se reúnen los 27 ministros de cultura europeos, invitados por Ángeles González Sinde, para asistir al Congreso de la Industria Cultural organizado por la Cámara de Comercio en torno al tema La economía de la cultura (Barcelona, 30 y 31 de marzo)

“El Summit Ciudadano (D’) Evolution, los beneficios de la cultura, explica y ofrece soluciones legales prácticas a las nuevas problemáticas basándose en el documento internacional “Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento” (http://fcforum.net/es/)que se ampara en la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
Los días 29.30.31 de marzo, en Conservas (calle Sant Pau 58 bajos – Metro: Liceu – +0034.933020630) se establecerá un punto de información permanente para los ciudadanos, los periodistas y ministros.”

El horario de las actividades será compatible con el del Congreso para que los políticos con sensibilidad cultural puedan simultanear ambos eventos. Que no se diga.

Todos los detalles, en PiratePad

Lo cual desmiente de forma definitiva algunos tópicos malintencionados:
1. Que en España haya crisis: un jubilado cobrando 24.500 euros al mes, ¿de qué crisis estamos hablando? Seamos rigurosos.
2. Que la SGAE no se preocupe de los artistas: incluso un ex-músico puede forrarse si está al tanto de su cuota con la SGAE
3. Que la ministra Sinde sea parcial: se ha enterado de la cuantía de la pensión y no ha decidido otorgar a Bautista una subvención para completar el sueldo.

La noticia, en 20minutos
(Imagen tomada de Karles Montalt)

Alierta (se supone que en nombre del consejo de administración de Telefónica, ¿o es demasiado suponer?) lanzó el globo sonda: los buscadores (entiéndase Google, ya que los buscadores españoles incluido el de Telefónica apenas mueven tráfico) tienen que pagar por usar las redes ya que ganan dinero.
Pregunta inmediata que nos hacemos todos: una compañía (de plátanos, o de tornillos para la industria naval) que usa una autovía, ¿debe pagar un impuesto? Segunda pregunta: ¿sería variable, en función de las ganancias, o más bien fijo en función del peso de sus camiones? Y tercera: ¿se otorgarían vías más anchas y rápidas a las empresas que pagasen más por circular en esta autopista?
Última: ¿cobrará un canon Telefónica distinto al de las otras operadoras, o se pondrán de acuerdo otra vez para fijar un precio único que atenta contra la competencia como suelen hacer cuando deciden una subida de las tarifas?

En fin, que uno esperaba que la Administración saliese a centrar el debate y a neutralizar la alarma. Tenemos cuatro operadoras pero tropecientas empresas intentado crear mercado en la red, pero Miguel Sebastián, ministro de Industria ha aprovechado la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona para dar la razón a Alierta: “cobrar a los buscadores es una opción posible”. Una estrategia suicida que parece orientada a ahogar a las empresas de Internet.
Y entonces caemos en la cuenta de que la ministra de Cultura impulsa una ley que pone contra las cuerdas a algunas (¿cuáles? ah, las que se vayan eligiendo o catalogando como malas) empresas que crean tráfico en Internet. O que el Gobierno en pleno sostiene las bondades del canon por copia a partir del supuesto de la culpabilidad del usuario de Internet.

¿Qué tendrá la red que tantos miedos y suspicacias despierta en la Administración, que no duda en alinearse con los grandes poderes fácticos (hace tiempo dejaron de serlo el Ejército o la Iglesia): operadoras, sociedades de gestión, discográficas o productoras que ven en Internet un enemigo? Un competidor nuevo, distinto, que es recibido como un intruso.
Y el Gobierno, en su ánimo intervencionista para salvar los intereses de la industria clásica, no duda en cruzar la frontera de la legalidad: hoy mismo el Consejo Fiscal ha considerado dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba equipararse a la del resto de los bienes jurídicos protegidos (algunos de ellos derechos fundamentales) por la LSSI, (vía Menéame): no tiene carácter de derecho fundamental, tal como pretende la Ley Sinde.

En China, Irán o Australia, también los gobiernos pretenden acotar el desarrollo de Google. Aquí en España, ¿saben nuestros ministros qué es la red neutra?