despuesdegoogle

El informe Gallo (algo así como una proposición no de ley), recientemente aprobado en el Parlamento Europeo, marca las pautas que deberían inspirar a los gobiernos en materia de Internet y terrorismo. Como recordarás, la IIPA instaba a perseguir a los países que favorecían el uso del software libre como enemigos del capitalismo. Y la reciente presidencia española de la UE equiparaba pedofilía, propaganda fundamentalista y xenófoba y vulneración de la propiedad intelectual.
El informe Gallo (de Marielle Gallo, otra destacada colaboradora de Sarkozy) se inspira en parecidas tesis, en la onda de la ley Hadopi ya vigente en territorio francés o en la del polémico tratado ACTA: un conglomerado de iniciativas en defensa de los derechos de distribuidoras, productoras y gestoras y en contra del derecho ciudadano a copiar y distribuir archivos (por mucho que los hayamos comprado) sobre los que no posean los derechos de autor.
Para proveerse de una capa mediática, los promotores del informe Gallo han conseguido recabar la firma y el apoyo de artistas populares. La Quadrature du Net ha hecho públicos estos nombres. Entre ellos (tampoco hay mucha sorpresa): David Bisbal, Luis Eduardo Aute, Ana Torroja, Daniel Martín y David Otero (El canto del loco), Edurne y Soraya. ¿No están Ana Belén, Serrat, Víctor Manuel, Ramoncín o Sabina?

Por fin la ley Hadopi (¿no sería mejor llamarla ley Sarkozy?) está operativa después de la haber pasado toda su tramitación parlamentaria y superado todos los trámites.
Sarzoky, el látigo de Europa, expulsa gitanos y persigue usuarios de Internet con la misma firmeza.
En ambos casos, con la desaprobación (tímida, retórica, testimonial) de la Unión Europea. Qué más le da, si incluso los líderes españoles (de Espe Aguirre a ZP) aplauden la legalidad de las deportaciones incentivadas: cada gitano devuelto a Rumanía recibía 300 euros (100 si era menor de edad) en concepto de despido lineal y definitivo. Y el propio Parlamento Europeo tuerce la cabeza y acaba votando el informe Gallo: una hoja de ruta inspirada en el ACTA, que orienta la política policial de los gobiernos en materia de Internet y derechos de autor.

Para entendernos: la ley Hadopi obliga a los proveedores de Internet a proporcionar datos de sus usuarios. Los ISP, convertidores en delatores. Y con estos datos, llegan los tres avisos y finalmente las multas y la desconexión. Por supuesto, las sociedades de gestión se muestran encantadas ante el nuevo escenario y ya han empezado a colaborar (¿se llama a esto colaboracionismo?), remitiendo a las autoridades hasta 150.000 direcciones sospechosa de compartir archivos sin ser propietarias de su copyright.

Te supongo enterado del fiasco. Nuestro Gobierno (tan progre en temas sociales) ha metido de refilón una mezquina versión de la ley Sarkozy en el anteproyecto de ley de economía sostenible: ¿La SGAE es una energía renovable?
El siguiente manifiesto es la respuesta colectiva de quienes se sienten defraudados. Somos muchos. Si estás de acuerdo con su contenido, dale publicidad: es libre.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Dice el protagonista de Ciudadano Kane que ser muy rico es fácil: basta desearlo por encima de cualquier otra cosa. Así funciona el capital, que es ambicioso y versátil (el sistema comunista se hundió por carecer de ambos rasgos, en especial el segundo) Consigue lo que se propone porque pone al servicio de sus objetivos los mejores bufetes de abogados y la persuasión de los tercos que no tienen más prisas que la de satisfacer su deseo.

Las distribuidoras y productoras encontraron en Sarkozy un buen portavoz, y aunque su propuesta de ley fue tumbada a la primera, finalmente ya rige en Francia. Gordon Brown le imitó en Gran Bretaña, alineándose en el frente antipiratería (curioso que empleen el término pirata para referirse al intercambio desinteresado de archivos, justamente ellos, masivamente afectados por todo tipo de corrupción) Después la presión llegó al Parlamento Europeo donde fue, también, rechazada la propuesta a la primera.
En fin, para ahorrarnos capítulos, este es el desenlace: aprobación de una especie de ley Sarkozy, que habilita a los proveedores a desconectar a aquellos usuarios acusados de piratería, sin necesidad de que haya un mandamiento judicial.
¿La SGAE ya podrá actuar de oficio, como pretendía y alentaba el propio Gobierno? No es imposible, dado el amor que le profesa Zapatero, por mucho que esté en el aire la constitucionalidad de una directiva europea que deberá ajustarse a las leyes de cada uno de los países miembros.

Carolina Herrera e hija. Qué madre tan joven

Fotografía retocada para modificar la apariencia física de una persona: este es el anuncio o aviso que deberán llevar las fotos que hayan sido retocadas con algún programa de edición de imágenes, típicamente Photoshop, si sale adelante el proyecto de ley presentado por Valerie Boyer del partido de Sarkozy en el Parlamento francés.
Etiqueta que nos recuerda la que incorporan las cajetillas de tabaco o los envases alimenticios, con información científica que intenta contrarrestar (vana ilusión) la sugestión del discurso publicitario, cargado de bellas mentiras y sutiles eufemismos.

Me imagino el mundo de la pasarela y los platós echándose a temblar si la ley se aprueba
¿No se han enterado los políticos que vivimos en la sociedad del simulacro?

Enlace: texto de la propuesta de ley [francés]

Foto: AFP

Después de un largo proceso de tira y afloja, por fin el Parlamento francés aprueba la mal llamada “ley antipiratería, tras adaptarla a los criterios del Tribunal Constitucional galo que en su momento paralizó la promulgación de la ley. Por ejemplo, la suspensión de la conexión a Internet no podrá ser decidida por una autoridad administrativa (en España quería concederse tal prerrogativa a sociedades de gestión como la SGAE) sino por un juez.

Se ha impuesto el sentido común como mal menor. La ley Sarkozy (que la España de ZP y sus intelectuales afines quieren clonar) sigue siendo retrógrada y contraria a la nueva democracia instaurada por Internet y la cultura digital, que promueven el libre intercambio de archivos.

Los politicos, siempre por detrás de la realidad. En vez de proteger y fomentar los nuevos derechos, los criminalizan: sanciones de hasta 1 año sin Internet y pagando la conexión que te han quitado.
El Partido Socialista francés ya ha anunciado que volverá a recurrir: el mundo al revés. En España, son los socialistas quienes quieren aprobar una ley parecida.

En momentos de crisis de liderazgo mundial (¿alguien recuerda algo positivo de Georges Bush?) y de grave crisis económica como la actual, Sarkozy multiplica su carisma. No importa que ya haya tenido que enfrentar dos huelgas generales en su país, estamos ante un político hecho a sí mismo con una ambición napoleónica sólo comparable a su capacidad de resistencia.

Sarkozy se autodesignó guía de Europa, sin importarle seducir a Angela Merkel para formar un frente franco-alemán, y se ha convertido en guía mundial, como ganador del G-20 ahora que Obama renuncia al discurso unilateralista caraterístico del imperialismo norteamericano.

De la reunión de Londres y Estrasburgo, Sarkozy ha salido tan fortalecido, que se ha apresurado a aprobar la famosa ley de los 3 avisos que instaura la monitorización de las conexiones. No importa que el Parlamento Europeo hubiese aprobado un informe contrario hace sólo unos días, en defensa de la alfabetización digital.
La aplicación de la ley Sarkozy (perdón, Hadopi: Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) debe entenderse como un pulso contra el Parlamento y la corriente pactista que busca fórmulas alternativas (tasa o impuesto, redes P3P…) a la desconexión.

En un momento confuso de planteamientos contrarios, Sarkozy se postula como líder de una acción gubernamental para el control de las redes P2P e Internet en general. Y llevará su iniciativa hasta el final. Cerca nuestro se oyen los aplausos de la SGAE, exultante tras haber conseguido destapar el fraude de Verbatim

El liderazgo europeo de Sarkozy en materia de comunicaciones (subvencionar la prensa, castigar las descargas P2P, reconvertir los ISPs en policías…) se ha visto frenado en uno de los países que más entusiasta se había mostrado: Gran Bretaña.
Se ha impuesto el sentido común y el pragmatismo. En vez de emperrarse en llevar adelante planes fundamentalistas, el Ministerio de Propiedad Intelectual reconoce la complejidad técnica que supone llevar a la práctica la desconexión a usuarios piratas de redes P2P, y se inhibe ante un conflicto que deben resolver distribuidoras y proveedores de acceso.

En EEUU también los tiros van en este sentido. La RIAA está abandonando una estrategia suicida y ruinosa, que aquí intenta seguir practicando la SGAE gracias al apoyo gubernamental, de llevar a los tribunales sus demandas. Los nuevos tiempos exigen acuerdos entre los medios convencionales y los emergentes como los que ha estado suscribiendo Google con las productoras para emitir contenido con copyright en YouTube.
Contratos entre las partes en vez de juicios contra los usuarios.

También en ámbito británico, se ha adoptado una medida que puede prefigurar nuevas soluciones. En la isla de Man (ajena a la Unión Europea) los ciudadanos con conexión de banda ancha pagarán una libra al mes (1,1 euros) para bajarse música de internet

La RIAA (algo así como la SGAE en EEUU pero más de todo) ha reducido el ritmo de denuncias contra usuarios de redes P2P. Según la hipótesis aireada (recogida en Menéame), la gestora considera ruinosa y por tanto inviable una estrategia que se consume en los tribunales.

Pero la noticia reciente de un acuerdo entre Sony y la SGAE para la gestión un catálogo con 750.000 copyrights en móviles e Internet, puede darnos una pista del cambio que parece se está produciendo: de denunciantes a redistribuidores. En vez de ejercer de policías (labor impopular y desgastadora), las sociedades de gestión se dedicarán a repartirse el pastel en los despachos de las grandes discográficas.

Y todavía tiene más sentido la nueva tendencia si recordamos la iniciativa de Sarkozy, aplaudida y clonada en otros países como Gran Bretaña o España, pero también recibida con interés en EEUU (y si no, al tiempo) y que ya llega hasta Chile: estamos a punto de entrar en la era de los Gobiernos reguladores de Internet.
Si el Gobierno obliga a los proveedores a controlar el tráfico P2P, ¿por qué tendrían que seguir vigilando y denunciando las gestoras de derechos de autor?

Próxima etapa: alianza directa y explícita entre gestoras y discográficas.
Quizás hay optimistas que siguen creyendo en la fuerza de los internautas o en la imaginación de los hackers, pero las pistas apuntan a un escenario de lo más regulado.

No más de 250 Gb (o traducido: 125 películas) al mes.
Si superan esta cantidad, los usuarios del principal suministrador de banda ancha de EEUU recibirán un aviso, que podría culminar en una desconexión definitiva. El argumento: hay que administrar un ancho de banda que es limitado.
Vamos, la misma solución propugnada en Europa por los capos de la lucha contra las redes P2P, Monsieur Sarkozy al frente.

Lo de menos es la excusa o coartada (en Europa es la piratería, en EEUU el ancho de banda)
Lo de más: regular el acceso a Internet, controlar el consumo, fiscalizar su uso.

Preparando el campo para la llegada de la Red no neutra: cuando ya nos hayamos acostumbrado a límites, cuotas, filtros… vendrán las operadoras y elegirán por nosotros los contenidos. O sea, los que ellas distribuyan.

Eso sí, en nombre de la sostenibilidad como hace Comcast.

La noticia, en DSL Reports