Nuevo ataque en cadena del Gobierno chino a lo que nosotros consideramos libertades digitales básicas: después de cerrar 530 sitios que ofrecían (¿enlaces o contenido?) material audiovisual mediante redes P2P, ayer prohibió las webs personales. Sólo podrán registrar nuevos dominios empresas con su documentación en regla y al día. Y cuidado con las webs personales existentes, que la nueva norma tiene valor retroactivo: ya han empezado a cerrarse en diferentes regiones del país.
Escenario insólito, que reduce nuestras movilizaciones para evitar cierres sin mandamiento judicial a casi rabietas de niños malcriados. Pero al mismo tiempo inquietante por la fuerza emergente del gigante asiático, gobernado con mano de hierro y con un crecimiento económico que en unos años puede convertirlo en líder y motor de la economía mundial si corrige progresivamente el desequilibrio de su balance comercial.
En cualquier caso, la dureza legislativa del régimen comunista se alinea con una tendencia dominante en la política occidental que pone en peligro los derechos digitales: persecución de sitios BitTorrent y penalización de las llamadas descargas ilegales. Compensada con la apertura de negociaciones por parte de los medios y distribuidores tradicionales para crear servicios legales de reproducción y descarga (ahí están Spotify o Vevo como ejemplo)
Pero no cabe duda de que la mayoría de gobiernos occidentales miran con buenos ojos la política china: controlar Internet es una aspìración compartida, con la excusa de perseguir la pederastia en la red.
¿Conseguirá China exportar (o al menos contagiar) un modelo autoritario de gestión de Internet, reconvertida progresivamente en plataforma comercial sometida a un estricto control gubernamental en nombre de la seguridad internacional?
Bahreim es uno de los países árabes del Oriente Próximo afectados por la revuelta de una ciudadanía que sale a la calle pidiendo libertad de expresión y mejores condiciones de vida.