Los gobiernos europeos se gastan al año 12.153 millones de euros en software. Programas y licencias mayoritariamente propietarios que atentan contra el caracter teóricamente público de las administraciones teóricamente públicas que sin embargo en la práctica se dedican a subcontratar buena parte de los servicios que deben ofrecer a los ciudadanos.
Sabemos que el Gobierno español ha implantado un drástico recorte de gasto e inversión, empujado por el FMI, la UE y el propio Obama, con el objetivo de ahorrar 15.000 millones de euros. Y sabemos que saldrá de las pensiones, los sueldos de los funcionarios, 230 obras públicas… Incluso Zapatero se atreve a insinuar un siempre postergado impuesto a las grandes fortunas, amén de un plan de regularización para repatriar millones de euros negros a los que por supuesto no se les aplicará sanción alguna por delito fiscal.
Pero no escuchamos a ningún miembro del Gobierno anunciando planes para recortar en software. Como si los programas y licencias propietarios formasen parte natural e irreversible del paisaje. Como si el código abierto fuese una extraña criatura extraparlamentaria que sólo sirve para satisfacer las inquietudes de hackers y friquis.
Ahí están los señores diputados en España con iPhone y en Europa con iPad o Microsoft firmando acuerdos con el Ministerio de Educación para que los netbooks que han empezado a repartirse en las escuelas corran sobre Windows a un precio especial.