Alierta (se supone que en nombre del consejo de administración de Telefónica, ¿o es demasiado suponer?) lanzó el globo sonda: los buscadores (entiéndase Google, ya que los buscadores españoles incluido el de Telefónica apenas mueven tráfico) tienen que pagar por usar las redes ya que ganan dinero.
Pregunta inmediata que nos hacemos todos: una compañía (de plátanos, o de tornillos para la industria naval) que usa una autovía, ¿debe pagar un impuesto? Segunda pregunta: ¿sería variable, en función de las ganancias, o más bien fijo en función del peso de sus camiones? Y tercera: ¿se otorgarían vías más anchas y rápidas a las empresas que pagasen más por circular en esta autopista?
Última: ¿cobrará un canon Telefónica distinto al de las otras operadoras, o se pondrán de acuerdo otra vez para fijar un precio único que atenta contra la competencia como suelen hacer cuando deciden una subida de las tarifas?
En fin, que uno esperaba que la Administración saliese a centrar el debate y a neutralizar la alarma. Tenemos cuatro operadoras pero tropecientas empresas intentado crear mercado en la red, pero Miguel Sebastián, ministro de Industria ha aprovechado la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona para dar la razón a Alierta: “cobrar a los buscadores es una opción posible”. Una estrategia suicida que parece orientada a ahogar a las empresas de Internet.
Y entonces caemos en la cuenta de que la ministra de Cultura impulsa una ley que pone contra las cuerdas a algunas (¿cuáles? ah, las que se vayan eligiendo o catalogando como malas) empresas que crean tráfico en Internet. O que el Gobierno en pleno sostiene las bondades del canon por copia a partir del supuesto de la culpabilidad del usuario de Internet.
¿Qué tendrá la red que tantos miedos y suspicacias despierta en la Administración, que no duda en alinearse con los grandes poderes fácticos (hace tiempo dejaron de serlo el Ejército o la Iglesia): operadoras, sociedades de gestión, discográficas o productoras que ven en Internet un enemigo? Un competidor nuevo, distinto, que es recibido como un intruso.
Y el Gobierno, en su ánimo intervencionista para salvar los intereses de la industria clásica, no duda en cruzar la frontera de la legalidad: hoy mismo el Consejo Fiscal ha considerado dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba equipararse a la del resto de los bienes jurídicos protegidos (algunos de ellos derechos fundamentales) por la LSSI, (vía Menéame): no tiene carácter de derecho fundamental, tal como pretende la Ley Sinde.
En China, Irán o Australia, también los gobiernos pretenden acotar el desarrollo de Google. Aquí en España, ¿saben nuestros ministros qué es la red neutra?
