Por fin la ley Hadopi (¿no sería mejor llamarla ley Sarkozy?) está operativa después de la haber pasado toda su tramitación parlamentaria y superado todos los trámites.
Sarzoky, el látigo de Europa, expulsa gitanos y persigue usuarios de Internet con la misma firmeza.
En ambos casos, con la desaprobación (tímida, retórica, testimonial) de la Unión Europea. Qué más le da, si incluso los líderes españoles (de Espe Aguirre a ZP) aplauden la legalidad de las deportaciones incentivadas: cada gitano devuelto a Rumanía recibía 300 euros (100 si era menor de edad) en concepto de despido lineal y definitivo. Y el propio Parlamento Europeo tuerce la cabeza y acaba votando el informe Gallo: una hoja de ruta inspirada en el ACTA, que orienta la política policial de los gobiernos en materia de Internet y derechos de autor.
Para entendernos: la ley Hadopi obliga a los proveedores de Internet a proporcionar datos de sus usuarios. Los ISP, convertidores en delatores. Y con estos datos, llegan los tres avisos y finalmente las multas y la desconexión. Por supuesto, las sociedades de gestión se muestran encantadas ante el nuevo escenario y ya han empezado a colaborar (¿se llama a esto colaboracionismo?), remitiendo a las autoridades hasta 150.000 direcciones sospechosa de compartir archivos sin ser propietarias de su copyright.