despuesdegoogle

Efecto Rubalcaba, consecuencia de la operación SGAE o simple actualización de posturas muy castigadas en unas elecciones que resultaron un varapalo mayúsculo, lo cierto es que el Gobierno parece al fin reaccionar y desandar lo andado.

En vez de escuchar y obedecer a las sociedades de (mal)gestión y a los portavoces más rancios de la industria discográfica, ahora parece escuchar el clamor de la opinión pública, indignada desde hace demasiado contra el desaguisado del canon digital, este impuesto revolucionario que se nos cobra basándose en el principio antidemocrático de que todos somos piratas mientras no demostremos lo contrario. Y ni siquiera demostrando nuestra inocencia se nos devuelve el dinero del atraco legalizado.
En fin, que el Gobierno anulará el canon, tal como lo conocemos y sufrimos.

Según La Vanguardia la decisión está más que tomada y solo es cuestión de días hacerla pública. Vale decir que desde que Bruselas declaró ilegal la actual aplicación del canon en España, no le quedaba otra al Gobierno que tomar una decisión como esta, acelerada finalmente por alguno de los motivos citados al principio.

Los gobiernos europeos se gastan al año 12.153 millones de euros en software. Programas y licencias mayoritariamente propietarios que atentan contra el caracter teóricamente público de las administraciones teóricamente públicas que sin embargo en la práctica se dedican a subcontratar buena parte de los servicios que deben ofrecer a los ciudadanos.
Sabemos que el Gobierno español ha implantado un drástico recorte de gasto e inversión, empujado por el FMI, la UE y el propio Obama, con el objetivo de ahorrar 15.000 millones de euros. Y sabemos que saldrá de las pensiones, los sueldos de los funcionarios, 230 obras públicas… Incluso Zapatero se atreve a insinuar un siempre postergado impuesto a las grandes fortunas, amén de un plan de regularización para repatriar millones de euros negros a los que por supuesto no se les aplicará sanción alguna por delito fiscal.

Pero no escuchamos a ningún miembro del Gobierno anunciando planes para recortar en software. Como si los programas y licencias propietarios formasen parte natural e irreversible del paisaje. Como si el código abierto fuese una extraña criatura extraparlamentaria que sólo sirve para satisfacer las inquietudes de hackers y friquis.
Ahí están los señores diputados en España con iPhone y en Europa con iPad o Microsoft firmando acuerdos con el Ministerio de Educación para que los netbooks que han empezado a repartirse en las escuelas corran sobre Windows a un precio especial.

El Gobierno ha aprobado (¿alguien se sorprende?) el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye la polémica disposición final según la cual pueden cerrarse webs que infrinjan derechos de autor.
Gana la ministra, gana el Gobierno, ganan las sociedades de gestión, gana el lobby de artistas que cobran derechos de autor, gana la industria que no quiere reciclarse.
Pierden la red y los internautas, pierde la libertad de intercambio, pierde la cultura y el arte, pierden los nuevos emprendedores, pierden los consumidores.

La lucha continúa: Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” (Facebook) | Si es legal, es legal (FACUA)

La viñeta es de JRMora

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
3 – El derecho a citar y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERÁ OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible
http://Red-SOStenible.net
http://Red-SOStenible.net/colabora/

La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Cuando hice la reserva para este viaje a Creta, en la agencia de viajes me hablaron de la crisis del sector. Motivos? Simplemente, Internet: la gente lleva tiempo buscando, organizando, reservando y comprando viajes (vuelo, hotel, oferta complementaria…) mediante la red.
Ahora sobreviven gracias al trato personal y a un plus de eficiencia. Al boca a boca y a una especial dedicacion al cliente con poco tiempo para dedicarse a busquedas en Internet.
Pero no he leido que el sector haya salido a la calle exigiendo al Gobierno medidas contra los nuevos medios que les hacen competencia. Se ha adaptado, ha reducido puestos de trabajo y ganancias, y en todo caso ha reorganizado su estrategia.

Viene a cuento la historia por la noticia de la regulacion (sic) de las descargas ilegales (sic): el Gobierno no solo ha atendido las reivindicaciones victimistas del sector (Rosario puede morirse de hambre) sino que va a implantarlas con turbo. La famosa lentitud de la justicia espanola va a convivir con la celeridad de los casos denunciados por la SGAE, perdon la Comision de Expertos.

Lo cual significa que la industria de la cultura (es decir, sus intermediarios) y sus iconos (es decir, Aute, Chenoa, Victor Manuel, Serrat, Ramoncin… los progres de un tiempo) hayan conseguido lo que todo el sector de agencias de viajes ni se le ocurrio plantear.

Te supongo enterado del fiasco. Nuestro Gobierno (tan progre en temas sociales) ha metido de refilón una mezquina versión de la ley Sarkozy en el anteproyecto de ley de economía sostenible: ¿La SGAE es una energía renovable?
El siguiente manifiesto es la respuesta colectiva de quienes se sienten defraudados. Somos muchos. Si estás de acuerdo con su contenido, dale publicidad: es libre.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Cansados, deprimidos, derrotados. Así estamos. Pero se veía venir, no digamos que no nos hubiesen avisado. Desde hace años las sociedades de gestión (la SGAE y las otras muchas desparramadas en España y todo el mundo), las discográficas, las productoras y las distribuidoras se han puesto de acuerdo en unas pocas estrategias básicas:
1. Criminalizar socialmente las redes p2p y en general la redistribución del software, con argumentos apocalípticos: el fin de la industria, competencia desleal, artistas en el paro…
2. Presionar a los Gobiernos de forma masiva para exigir una legislación actualizada
3. Judicializar sus planteamientos: denuncias en los tribunales contra webs, usuarios y pequeñas compañías

Pues bien, el final de la red neutra está más cerca, por mucho que esto suponga una regresión. Los Gobiernos (ay, Europa libre y democrática), incluido el de España, anuncian medidas y, lo que es peor, una acción conjunta y responsable.
Como he escrito otras veces, el fin de la inocencia. Desembarca la realidad en Internet. ¿O creíamos que el actual neocapitalismo que deslocaliza empresas, facilita el despido y los contratos basura, o aumenta el desequilibrio Norte-Sur iba a dejar el pastel millonario de Internet en manos de unos usuarios participativos sin fronteras ni peajes?

Hasta aquí ninguna sorpresa. Internet será regulado por estos Gobiernos a los que no podemos acusar de incultos. Sus presidentes, ministros, subsecretarios y directores generales tienen la conciencia y cultura que les exigen las grandes empresas del sector audiovisual y del ocio para legislar a su favor. Los Gobiernos que uniformarán sus políticas contra la Internet libre no son inocentes.

Lo único primero que cabría pedir es que no nos traten como a niños gilipollas, mintiendo con babeante paternalismo.
Cuando dicen “protección del derecho intelectual” de los creadores, que se atrevan a decir “protección de la posición de privilegio” de las productoras y distribuidoras, adquirida en épocas anteriores a Internet.

¿Y los proveedores de acceso a Internet? Siguen calladitos, pero ya conocemos su respuesta. Se están frotando las manos: ellos serán los socios necesarios en el nuevo modelo de negocio que quieren bendecir los Gobiernos.

No creo sin embargo que esto suponga el fin de Internet. Tampoco, que la encriptación propuesta por The Pirate Bay o el p4p funcionen como alternativas globales.
Simplemente, los criterios e intereses tradicionales impondrán sus límites, teledirigiendo a los Gobiernos.
¿No hay esperanza de recuperación? En todo caso no vendrá de unos usuarios desorganizados y sin representantes para negociar. Veremos si se popularizan algo así OCUs de internautas. Más bien, la modernidad llegará a Internet cuando los nuevos emprendedores sean más, más persuasivos, más poderosos que los actuales dinosaurios que están a punto de controlarla en nombre de unos autores, la mayoría de ellos sometidos a su dictadura y manipulados como coartada.