El informe Gallo (algo así como una proposición no de ley), recientemente aprobado en el Parlamento Europeo, marca las pautas que deberían inspirar a los gobiernos en materia de Internet y terrorismo. Como recordarás, la IIPA instaba a perseguir a los países que favorecían el uso del software libre como enemigos del capitalismo. Y la reciente presidencia española de la UE equiparaba pedofilía, propaganda fundamentalista y xenófoba y vulneración de la propiedad intelectual.
El informe Gallo (de Marielle Gallo, otra destacada colaboradora de Sarkozy) se inspira en parecidas tesis, en la onda de la ley Hadopi ya vigente en territorio francés o en la del polémico tratado ACTA: un conglomerado de iniciativas en defensa de los derechos de distribuidoras, productoras y gestoras y en contra del derecho ciudadano a copiar y distribuir archivos (por mucho que los hayamos comprado) sobre los que no posean los derechos de autor.
Para proveerse de una capa mediática, los promotores del informe Gallo han conseguido recabar la firma y el apoyo de artistas populares. La Quadrature du Net ha hecho públicos estos nombres. Entre ellos (tampoco hay mucha sorpresa): David Bisbal, Luis Eduardo Aute, Ana Torroja, Daniel Martín y David Otero (El canto del loco), Edurne y Soraya. ¿No están Ana Belén, Serrat, Víctor Manuel, Ramoncín o Sabina?
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Los artistas que han apoyado el informe Gallo
Ya funciona la ley Hadopi en Francia: empieza la persecución legal contra P2P
Por fin la ley Hadopi (¿no sería mejor llamarla ley Sarkozy?) está operativa después de la haber pasado toda su tramitación parlamentaria y superado todos los trámites.
Sarzoky, el látigo de Europa, expulsa gitanos y persigue usuarios de Internet con la misma firmeza.
En ambos casos, con la desaprobación (tímida, retórica, testimonial) de la Unión Europea. Qué más le da, si incluso los líderes españoles (de Espe Aguirre a ZP) aplauden la legalidad de las deportaciones incentivadas: cada gitano devuelto a Rumanía recibía 300 euros (100 si era menor de edad) en concepto de despido lineal y definitivo. Y el propio Parlamento Europeo tuerce la cabeza y acaba votando el informe Gallo: una hoja de ruta inspirada en el ACTA, que orienta la política policial de los gobiernos en materia de Internet y derechos de autor.
Para entendernos: la ley Hadopi obliga a los proveedores de Internet a proporcionar datos de sus usuarios. Los ISP, convertidores en delatores. Y con estos datos, llegan los tres avisos y finalmente las multas y la desconexión. Por supuesto, las sociedades de gestión se muestran encantadas ante el nuevo escenario y ya han empezado a colaborar (¿se llama a esto colaboracionismo?), remitiendo a las autoridades hasta 150.000 direcciones sospechosa de compartir archivos sin ser propietarias de su copyright.