El Parlamento andaluz aprobó ayer por primera vez en España la ley de muerte digna por unanimidad, aunque en la votación final el PP se abstuvo en 3 artículos que obligan a todos los profesionales médicos por encima de ideologías y convicciones. Según la ley, no hay objeción de conciencia porque la voluntad del enfermo terminal está por encima. Yo añadiría que sobre todo está por encima de la tecnología, y este es el debate que me parece más interesante: los progresos tecnológicos vs libertad humana. Ni las máquinas ni los profesionales tienen derecho a decidir por mí.
La llamada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte empezó su trámite hace casi dos años, por iniciativa de la consejera de Salud María Jesús Montero (en la foto). Garantiza entre otros el derecho de los pacientes a no prolongar su tratamiento, o el de recibir terapias paliativas en el domicilio propio, y afecta a la sanidad púbica y privada.
Esta ley de muerte digna no debe confundirse con la eutanasia u homicidio asistido, que continúan contemplados como delito.