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Lo dijo el capo de Telefónica y ahora se añade Vodafone al coro: los buscadores tienen que pagar un impuesto por hacer negocio usando sus redes.
Hasta aquí, normal: todos (incluidos los controladores aéreos) quieren cobrar más.
Otra cosa es lo que dejan hacer políticos, jueces y demás encargados de la cosa pública. Por ejemplo, el Gobierno subvenciona tradicionalmente a la industria cinematográfica: los proveedores de contenido merecen ayudas millonarias.
Sin embargo, las empresas de Internet no sólo no deben ser protegidas sino que merecen ser machacadas. El ministro de Industria se apunta al modelo de negocio de las telecos para que los proveedores de contenido en Internet paguen un canon.
¿Que eso significa acabar con la neutralidad de la red? Pues nada, se sacan los tanques a la calle y se elimina. Total, tenemos unas de las ADSL más caras y lentas de Europa, y al Gobierno no le importa un pimiento.
Alierta (se supone que en nombre del consejo de administración de Telefónica, ¿o es demasiado suponer?) lanzó el globo sonda: los buscadores (entiéndase Google, ya que los buscadores españoles incluido el de Telefónica apenas mueven tráfico) tienen que pagar por usar las redes ya que ganan dinero.
Pregunta inmediata que nos hacemos todos: una compañía (de plátanos, o de tornillos para la industria naval) que usa una autovía, ¿debe pagar un impuesto? Segunda pregunta: ¿sería variable, en función de las ganancias, o más bien fijo en función del peso de sus camiones? Y tercera: ¿se otorgarían vías más anchas y rápidas a las empresas que pagasen más por circular en esta autopista?
Última: ¿cobrará un canon Telefónica distinto al de las otras operadoras, o se pondrán de acuerdo otra vez para fijar un precio único que atenta contra la competencia como suelen hacer cuando deciden una subida de las tarifas?
En fin, que uno esperaba que la Administración saliese a centrar el debate y a neutralizar la alarma. Tenemos cuatro operadoras pero tropecientas empresas intentado crear mercado en la red, pero Miguel Sebastián, ministro de Industria ha aprovechado la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona para dar la razón a Alierta: “cobrar a los buscadores es una opción posible”. Una estrategia suicida que parece orientada a ahogar a las empresas de Internet.
Y entonces caemos en la cuenta de que la ministra de Cultura impulsa una ley que pone contra las cuerdas a algunas (¿cuáles? ah, las que se vayan eligiendo o catalogando como malas) empresas que crean tráfico en Internet. O que el Gobierno en pleno sostiene las bondades del canon por copia a partir del supuesto de la culpabilidad del usuario de Internet.
¿Qué tendrá la red que tantos miedos y suspicacias despierta en la Administración, que no duda en alinearse con los grandes poderes fácticos (hace tiempo dejaron de serlo el Ejército o la Iglesia): operadoras, sociedades de gestión, discográficas o productoras que ven en Internet un enemigo? Un competidor nuevo, distinto, que es recibido como un intruso.
Y el Gobierno, en su ánimo intervencionista para salvar los intereses de la industria clásica, no duda en cruzar la frontera de la legalidad: hoy mismo el Consejo Fiscal ha considerado dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba equipararse a la del resto de los bienes jurídicos protegidos (algunos de ellos derechos fundamentales) por la LSSI, (vía Menéame): no tiene carácter de derecho fundamental, tal como pretende la Ley Sinde.
En China, Irán o Australia, también los gobiernos pretenden acotar el desarrollo de Google. Aquí en España, ¿saben nuestros ministros qué es la red neutra?
Las sociedades de gestión están quejosas de las operadoras: las acusan de blandas y aprovecharse del negocio (ya saben: miles y miles de usuarios que contratan su ADSL con router WiFi sólo para bajarse películas y canciones por el morro)
Esto era hasta anteayer. Por lo visto, las operadoras también se quejan del reparto del pastel. Como les pasa a las gestoras, quieren un canon. Y deben pagarlo los buscadores, como proveedores de contenido que ganan dinero gracias a que las operadoras ponen los cables y las redes.
Esto es lo que propone César Alierta, presidente de Telefónica: quiere que Google (y Yahoo y Bing y…) comparta negocio, lo cual evoca aquel famoso “la calle es mía” de Fraga en sus mejores tiempos. Y Telefónica (propietaria de la autopista digital) decide el impuesto que va a cobrar a quienes circulen por ella, en función de su capacidad de generar dinero.
Una forma de romper la neutralidad fundacional de la Red, que establece que no pueden modificarse las condiciones de acceso a Internet contratadas por cualquier usuario: todos los contenidos que circulan en la red deben tener el mismo trato.
Pero, ¿no es Telefónica propietaria en régimen de monopolio (con delegaciones, concesiones y demás paternalismos) de toda la infraestructura telefónica española, que cede al resto de operadoras?
Por otra parte, ¿no compite Telefónica en el mercado de proveedores de contenido, además desde una posición de privilegio resultado de lo anterior? Tiene o tuvo su portal, su buscador, su webmail y todos los servicios que por ejemplo Google ha sabido explotar con más acierto.
Todavía más: ¿no es la ADSL de Telefónica una de las más caras de toda Europa? ¿También es culpa de Google, que en España devora ancho de banda?
En fin, cortina de humo: de lo que se trata es de preparar el nuevo mercado de la telefonía/Internet móvil, en el que las operadoras no quieren limitarse al rol de vendedoras en exclusiva de terminales high.
No creo que Alierta sea un fanfarrón ni un ignorante ni analfabeto.
Según Bambino, estas manifestaciones de Alierta no son sino un globo sonda en una dirección bastante probable: Internet móvil será un negocio pactado entre fabricantes, proveedores de contenido y operadoras al margen de una neutralidad que quedará limitada a la Internet clásica: “el internet que nos dejarán Alierta y sus amigos será un pisito con vistas a la autopista de información filtrada y rentable que se están montando.”