El Gobierno anunció hace medio año que no comenzararía el reparto del dividendo digital (frecuencias liberadas tras el apagón analógico ocupadas mientras tanto por la TDT) hasta 2015, mucho después que la mayoría de países europeos. ¿Una estrategia para consolidar su polémico modelo de televisión estatal sin publicidad financiada por operadoras y cadenas privadas?
La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) propuso en su día un modelo alternativo de financiación (canon o tasa a pagar por las emisoras que ocupen las nuevas frecuencias) que el Gobierno desoyó. Prefirió aplicar un modelo estatalista de impuesto directo en vez de otro más competitivo de impuesto por uso y explotación.
Ahora, la Comisión Europea viene a dar la razón a este planteamiento: Bruselas paraliza el sistema de financiación de TVE: la Dirección General de la Competencia le prohíbe nutrirse de los impuestos a operadoras y privadas, que además considera irregulares. Al mismo tiempo lamenta la política de hechos consumados puesta en práctica por el Gobierno español. Le acusa de introducir en el nuevo sistema, ayudas del Estado que podrían ser ilegales.
Conflicto que nos recuerda el protagonizado en torno a los derechos de autor y que actualmente enfrenta y disgusta a los distintos sectores. El Gobierno, en este caso, introdujo un canon directo a todos los usuarios para ayudar a financiar un sector económico en declive como es el de la industria del ocio, amenazada por copias digitales, descargas en la red y nuevos sistemas de producción y distribución.
Como si el negocio de las discográficas y demás productoras fuese un asunto de Estado, que le obligase a salvaguardar un presunto servicio público.
El toque jurídico de la CE sobre el modelo de financiación de TVE deja de todas formas en el aire un debate que aquí no se produjo. ¿Qué es un servicio público? Aunque el concepto parece claro en transporte, educación o sanidad, no lo es tanto en información, ocio y cultura: ¿todos los periódicos deberían cobrar una subvención por ofrecer un servicio público?
Es más, ¿puede considerarse servicio público una cadena como TVE que consume un presupuesto anual de 2.000 millones de euros?
Demasiado dinero público (vía impuestos como pretende el Gobierno, o vía presupuestos generales del Estado como parece recomendar la CE) pero también demasiado poder el que está en juego en una época de profundos cambios.
Quizás por ello PP y PSOE pactaron un nuevo director de consenso y bajo perfil. Un amable octogenario que no parece capaz de conducir dócilmente esta transición a no se sabe bien qué futuro: ¿una televisión estatal y pública en unos tiempos de economía neoliberal globalizada?
