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El caso islandés (la revolución silenciada) divide a los expertos y la opinión pública. Mientras la gente de a pie admira (y envidia) una movilización popular que ha conseguido sentar en el banquillo al ya exprimer ministro y a los banqueros, como culpables de una bancarrota que la gente se niega a asumir, los economistas consideran tal rebelión un disparate por cuanto los bancos británicos y holandeses (acreedores de la deuda) tienen el derecho legal a recuperar su inversión.
La revuelta pacífica islandesa sigue adelante. El nuevo Parlamento aprobó juzgar al exprimer ministro Geeir Haarde como responsable del colapso económico, y ahora está redactando una nueva Constitución mediante un proceso que quiere ser fiel al espíritu de la democracia directa reivindicado por el movimiento español 15-M. En lugar de delegar el trabajo en un grupo selecto de padres de la patría, se reparte entre toda la población para que los ciudadanos colaboren activamente del proceso.
Cada una de las cláusulas de la nueva Carta Magna se publica en la web y en Facebook para que la gente comente, discuta y aporte correcciones mediante un flujo del que forman parte Twitter, un canal de YouTube o Flickr.

Vía The Guardian