Uno entiende y respeta la movilización de la industria discográfica, editorial y cinematográfica luchando por su supervivencia. Al fin y al cabo, es lo que han hecho todos los sectores cuando la evolución de los mercados los ha condenado a la desaparición o a una radical transformación. Todavía me acuerdo cuando la reconversión minera y naval del gobierno González en los años ochenta: decenas de miles de puestos de trabajo destruidos de un plumazo.
Pero no entiendo ni respeto la vergonzosa campaña mediática organizada alrededor de la reivindicación actual, que además va calando en los medios y empapa el discurso de prácticamente todos los líderes de opinión pública (periodistas, opinadores, tertulianos, artistas, políticos…) de distinto signo.
Para no extenderme en tan cansina polémica, me quedo con unas pocas manipulaciones filtradas una y otra vez en el repertorio de lugares comunes:
1. Antidescargas. Así se denomina la ley Sinde: ley antidescargas. Una forma abreviada pero no inocente de criminalizar las descargas en general. Por extensión, el término descarga queda connotado negativamente. Siguiendo el famoso principio de los estados no garantistas según el que cualquier ciudadano es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ahora cualquier tipo de descarga es una actividad sospechosa.
2. Derechos de autor. Las distribuidoras insisten machaconamente en su defensa, protegiendo a los autores del ataque predatorio de los piratas, cuando en realidad se refieren a los derechos de distribución o a los derechos de explotación que gerencian estas distribuidoras junto a sociedades de gestión y productoras. Los derechos de autor no son los derechos de los intermediarios.
3. Copiar, robar. He escuchado en numerosas ocasiones la narración de esta escena: nadie defendería que un usuario entrase en una librería y robase varios libros sin que nadie le recriminase tal acción. La equivalencia didáctica es clara: ¿cómo se consiente que se roben discos y películas? La falsedad de la comparación está en que los lectores desde siempre ya han practicado el intercambio legal de archivos cada vez que se prestan individualmente un libro. Ahora Internet nos permite dejarnos masivamente no sólo libros sino canciones y vídeos. Y la tecnología digital nos permite hacer una copia de cualquier archivo digital. Copiar y dejar una copia es legal. El mismísimo Javier Bardem ha escrito una más que desafortunada fábula al respecto (El botón mágico), abundantemente contestada en la red: como muestra, una réplica antológica en Menéame.
4. El negocio criminal de las webs. Escuché nada menos que a Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de cine, que “de lo que estamos hablando es de webs que ganan millones de euros con los banners que colocan en sus páginas de enlaces a películas”. ¿Millones de euros? En fin… Dejando de lado la mixtificación, ¿quiere decirse que la industria del cine acepta las webs y programas que comparten películas sin ánimo de lucro? Porque estaría de acuerdo con el 99% de los internautas, que aprueban el cierre de webs que se lucran con enlaces a películas con derechos de autor, a base de publicidad incrustada.
5. Internet arruina a los autores. Argumento victimista de todos los intermediarios con el que buscan provocar la compasión de los usuarios, cuando quienes están realmente amenazados son estos mismos intermediarios. Internet es una nueva plataforma de distribución, mucho más poderosa y democrática que los actuales circuitos, otra cosa bien distinta es que los protagonistas se resistan a reciclarse y aprovecharla en su dimensión global. Sólo un ejemplo, el caso del creador (director, actor, guionista, bailarín y cantante) Nacho Vigalondo, contado por él mismo
