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El Parlamento Europeo ha exigido a la propia UE mayor transparencia en la negociación del ACTA, con 663 votos a favor (no 633 como recoge El País) y 13 en contra. Reclama ser informado como corresponde a cualquier negociación internacional por imperativo del Tratado de Lisboa, y que su contenido se atenga a la legislación europea, de lo contrario amenaza con recurrir al Tribunal Superior Europeo.

Las declaraciones de algunos europarlamentarios (por cierto, ¿qué dicen, qué piensan los representantes españoles?, ¿qué dicen, qué piensan los partidos españoles en plena presidencia semestral europea?) son contundentes:
“Este Parlamento no va a sentarse en silencio mientras los derechos fundamentales de millones de ciudadanos están siendo negociados a puerta cerrada.”
“A partir de este hito de transparencia democrática, los ciudadanos deben instar a los diputados a firmar una declaración para oponerse a las medidas del ACTA que ponen en peligro la naturaleza abierta de Internet”

El tratado internacional ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Tratado de Negocios Anti Falsificaciones) fue impulsado por la Administración Bush en 2007 para combatir la falsificación en los 50 países que lo negocian, EE.UU, Japón, Corea, Canadá, México, la Unión Europea entre otros. En realidad, el ACTA es también (y quizás sobre todo, sin posibilidad de determinarlo ya que se mantiene en secreto) un acuerdo sobre copyright. Por extensión, un marco regulador de la nueva Internet que quiere refundar la industria. Por ejemplo, por lo que se ha filtrado, se sabe que contempla el cierre administrativo de aquellas webs que presuntamente vulneren los derechos de autor, cargando la responsabilidad legal del copyright sobre los ISPs: un despropósito que sin embargo tiene alternativas: “paraísos web”, (países no firmantes del ACTA), navegación anónima, WiFi compartido…

Francia, líder en esta política represiva, puede servir como ejemplo de que la batalla no resultará tan fácil: La ley ‘antipiratería’ en Francia aumenta el número de descargas ilegales

La noticia, en EurActiv