despuesdegoogle

La instauración del canon, en nombre de los sacrosantos derechos de autor que sin embargo administran unos cuantos intermediarios, fue sólo un anticipo. Algo así como una forma de sentar jurisprudencia.
Que venía a decir algo así como que todos los consumidores de dispositivos digitales debemos pagar un impuesto en concepto de castigo preventivo y no reversible. No importa que puedas demostrar que aquel CD que compraste lo has usado para hacer un backup de documentos propios: no existe tal posibilidad de inocencia diferida. Te declaran culpables, pagas unos céntimos para que no te fichen ni persigan, y te perdonan la vida.

El mismo principio que ahora aplica el Ministerio de Cultura, bajo la presión de sociedades gestoras y discográficas. No hay lugar para la sorpresa ni para el escándalo, ya que esta segunda medida se inspira en la primera. Mismos protagonistas, mismo planteamiento.
Primero se cerrará de forma fulminante la web sospechosa, después vendrá el juicio con la lentitud inevitable del sistema judicial.
¿Culpables mientras no se demuestre lo contrario? Más aún: la primera medida sentaba un principio de jurisprudencia que incluso negaba la demostración de inocencia.

De ahí que la ministra y ZP se muestren tan paternalistas y angelicales: han rebajado la presión totalitaria que supone el canon, atendiendo ahora las quejas de los internautas.

Nos habían enseñado de pequeños que la democracia se basa en la división de poderes. La politización de la justicia es tan perniciosa como la judicalización de la política.
Sin embargo, con la ley de economía sostenible, la retórica progresista se hará insostenible. Mientras el Gobierno legisla en un sentido, los jueces llevan años dictando sentencias en el contrario: no hay delito en el hecho de compartir archivos sin ánimo de lucro.

Imagen tomada de The best music