La aplicación sistemática del impuesto revolucionario pactadso entre SGAE y Gobierno se basa en la consideración de presuntos culpables: nos obligan a pagar un canon por cada soporte por si acaso hacemos un uso ilegal de él.
Argumentación tan absurda, que violenta el sentido común y los fundamentos mismos del Derecho tal como se practica en las sociedades democráticas, ha sido finalmente cuestionada en una sentencia favorable a un consumidor. Ha aportado como pruebas de su inocencia los cuatro CDs con material público que ha ido grabando desde que los compró.
El comerciante tendrá que devolverle los 1.12 euros que le corresponden. Que le correspondían ya cuando se los retuvieron a la fuerza. Que nos corresponden
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