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Después de un largo proceso de tira y afloja, por fin el Parlamento francés aprueba la mal llamada “ley antipiratería, tras adaptarla a los criterios del Tribunal Constitucional galo que en su momento paralizó la promulgación de la ley. Por ejemplo, la suspensión de la conexión a Internet no podrá ser decidida por una autoridad administrativa (en España quería concederse tal prerrogativa a sociedades de gestión como la SGAE) sino por un juez.
Se ha impuesto el sentido común como mal menor. La ley Sarkozy (que la España de ZP y sus intelectuales afines quieren clonar) sigue siendo retrógrada y contraria a la nueva democracia instaurada por Internet y la cultura digital, que promueven el libre intercambio de archivos.
Los politicos, siempre por detrás de la realidad. En vez de proteger y fomentar los nuevos derechos, los criminalizan: sanciones de hasta 1 año sin Internet y pagando la conexión que te han quitado.
El Partido Socialista francés ya ha anunciado que volverá a recurrir: el mundo al revés. En España, son los socialistas quienes quieren aprobar una ley parecida.