El liderazgo europeo de Sarkozy en materia de comunicaciones (subvencionar la prensa, castigar las descargas P2P, reconvertir los ISPs en policías…) se ha visto frenado en uno de los países que más entusiasta se había mostrado: Gran Bretaña.
Se ha impuesto el sentido común y el pragmatismo. En vez de emperrarse en llevar adelante planes fundamentalistas, el Ministerio de Propiedad Intelectual reconoce la complejidad técnica que supone llevar a la práctica la desconexión a usuarios piratas de redes P2P, y se inhibe ante un conflicto que deben resolver distribuidoras y proveedores de acceso.
En EEUU también los tiros van en este sentido. La RIAA está abandonando una estrategia suicida y ruinosa, que aquí intenta seguir practicando la SGAE gracias al apoyo gubernamental, de llevar a los tribunales sus demandas. Los nuevos tiempos exigen acuerdos entre los medios convencionales y los emergentes como los que ha estado suscribiendo Google con las productoras para emitir contenido con copyright en YouTube.
Contratos entre las partes en vez de juicios contra los usuarios.
También en ámbito británico, se ha adoptado una medida que puede prefigurar nuevas soluciones. En la isla de Man (ajena a la Unión Europea) los ciudadanos con conexión de banda ancha pagarán una libra al mes (1,1 euros) para bajarse música de internet
