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Para poder llevar adelante su implacable política recaudatoria, la SGAE recurre a métodos mafiosos o parapoliciales. Espía, persigue y denuncia. Contrata a profesionales para que de forma ilegal consigan pruebas condenatorias.
Sus detectives entraron sin permiso en una boda, grabaron el acto y presentaron el vídeo a un juez para exigir el cobro del canon correspondiente a la música que se había usado en la fiesta. Consiguieron su proósito en primera instancia, ya que el salón de bodas fue condenado a pagar más de 40.000 euros a la SGAE.
Pero ahora la Agencia Española de Protección de Datos rectifica el sentido de la sentencia. Considera que la intromisión de los detectives vulnera la Ley de Seguridad Privada y “una clara violación del derecho constitucional a la intimidad y a la propia imagen” Y condena a la SGAE a pagar 60.000 euros por una falta que considera “muy grave”