Lo de la SGAE se parece cada vez más a una serie por entregas, de un género entre policíaco y surrealista. Denuncias, tribunales, detectives privados…
La última: sometió a vigilancia un local de copas donde se pone música y lo denunció exigiendo el cobro del impuesto: 2.400 euros. Argumento del propietario del local: los grupos que suenan (todo material legal, comprado y sin pasar por Internet) apenas venden y por tanto nunca podrán recuperar dinero del que se pretendía recaudar. Aparte de la inversión que hace (calculada en unos 500 euros mensuales en CDs), que de por sí ya parece suficiente contribución a la industria musical.
El juez admite las alegaciones y dictamina en contra de la SGAE, que por supuesto ya ha anunciado que recurrirá.