Con pocos días (¿o han sido horas?) de diferencia, los dos periódicos con más proyección virtual se han acogido a la recién promulgada Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
A partir de ahora, si usas alguno de sus titulares, reseñas o frases, puedes ser denunciado por robo intelectual. Por si no bastaba criminalizar las redes p2p de intercambio y la campaña de escaneo permanente que ha puesto en marcha la SGAE a ver si pilla a alguien poniendo un disco o prestando una peli, ya tenemos más delitos a la vuelta de la esquina.
Para algunos, una muy mala noticia, por cuanto nos deja huérfanos de esperanza. Para los progres de izquierda porque Polanco se ha enfundado el mono de empresario sin escrúpulos; para los amantes de España y el orden porque PedroJota se ha puesto excluyente. Aplausos.
Digamos, que es más bien un acontecimiento necesario. Previsible, por supuesto. ¿Cuándo se ha visto que una empresa favorezca la entrada de la joven competencia? Lo mismo pasa con las operadoras telefónicas, que retrasan y retrasarán cuanto puedan la Internet móvil, los protocolos WiFi o la telefonía VoIP.
Necesario, porque pone las cosas en su sitio, y nada mejor en la vida que una cura de realidad. Sabemos quién apoya el pasado (la prensa escrita con soporte virtual, la propiedad privada intelectual, la gestión empresarial centralizada, el código cerrado o propietario…) y quién impulsa el futuro (la gestión participativa, la redistribución del software, la portabilidad, el código libre…)
Al fin y al cabo, la derecha se diferencia poco de la izquierda en muchas materias, sobre todo en la de nuevas (sic) tecnologías, donde los tópicos repetidos por los portavoces de las empresas de siempre hacen estragos. Los señores políticos, en nombre de la responsabilidad y del bien común, repiten las frases hechas y se apresuran a legislar para impedir que llegue el libertinaje informático a nuestra sociedad. Para salvarla de las garras de los hippies dedicados a hackers.
Sabemos, pues, que la lucha será larga y difícil.
En contrapartida, algunas instituciones públicas también se posicionan con contundencia. La Junta de Extremadura no sólo generaliza su distribución Linux sino que impedirá el uso de formatos no estándar.
Lo dicho, se acaba el pasteleo.